Más ingresos significa ¿menos corrupción? 

No es garantía, pero al menos el aumento en las percepciones de los funcionarios del poder ejecutivo estatal atenuaría un poco esa tendencia a la transa, al “moche”, al cochupo, a la corrupción, pues. El gobernador ha reconocido que el de Hidalgo es uno de los gobiernos donde los servidores públicos tienen menos ingresos. 

Hace 22 años, un director de área ganaba 27,500 pesos mensuales, lo que entonces le permitía pagar una renta de cinco mil pesos, la mensualidad de su auto compacto, que rondaba los seis mil pesos, colegiatura para dos niños y el sustento diario, de manera más o menos decorosa. 

En el gobierno que acaba de concluir, el ingreso de un director de área es de 28 mil pesos, lo cual quiere decir que, en 22 años, apenas ha aumentado 500 pesos el sueldo de un funcionario de ese nivel. 

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La austeridad republicana que promueve el gobierno federal no necesariamente incide en una reducción de la corrupción y a eso, tal vez, se deba que funcionarios del gobierno anterior, hayan incurrido en diversas irregularidades que a medida que pasan los días del gobierno de Julio Menchaca Salazar, siguen saliendo a flote y parece que la lista de quienes incurrieron en actos de corrupción seguirá aumentando con el paso del tiempo. 

Mejorar el ingreso de los funcionarios y empleados del gobierno, sería una medida de justicia para quienes se dedican a servir a la ciudadanía y alejaría o no sería pretexto para actos de corrupción, como los que hemos visto o de los que nos hemos enterado en momentos de transición. 

Un ingreso decoroso para los servidores públicos reduciría la tentación por caer en las ilegalidades con el fin de tener menores ingresos, aún por vías ilegales y deshonestas, y nos evitaríamos las pasarelas de funcionarios acusados de diversos delitos relacionados con el mal uso de los fondos públicos, como se ha encontrado en áreas sustantivas del gobierno que recién concluyó. 

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Ya se ha hablado hasta la saciedad de cantidades importantes que tuvieron destino distinto al que les fue asignado originalmente, como disponer de recursos para infraestructura en favor de comunidades marginadas o en atender la salud de los hidalguenses, para especular en una institución creditici8a que, luego nos enteramos, no tenía solvencia y se declaró en quiebra. 

Tal vez, sólo tal vez, pagando mejor a los servidores públicos, se podría reducir ese gusto por la corrupción en ese sector de la sociedad. 

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