Empresarios piden descuentos en licencias de funcionamiento 2022

Llaman a regular la informalidad

Empresarios de Pachuca externaron la necesidad de que el ayuntamiento genere descuentos en el pago de la renovación de sus licencias de funcionamiento para este 2022, debido a la situación económica que enfrentan tras casi dos años de bajas ventas por la pandemia.

Aunque el sector de bares y cantinas pide que el cobro de la renovación sea de un 70 por ciento, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Pachuca considera urgente que se regule la informalidad en la capital, pues esto les genera afectaciones en un periodo de crisis económica.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Pachuca, Francisco Zavala Ramírez solicitarán al municipio un descuento del 70 por ciento tomando en cuenta que el año pasado se dio este mismo porcentaje a otros sectores.

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Consideró que no han tenido un trato igualitario por parte de la alcaldía, ya que tan solo el año pasado, cuando otorgaron apoyos económicos para los negocios, el requisito era tener al corriente su permiso.  

“El primer requisito que se puso era tener cubierto el pago de la licencia de funcionamiento de ese año, pero el anterior, es decir, el 2020, permanecimos cerrados ocho de los 12 meses, era muy complicado que liquidaran los 8 mil pesos de inmediato para poder acceder al programa si no había trabajo por más de medio año”,

dijo el empresario. 

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A pesar de que en 2021 las condiciones mejoraron para el sector, y aunque desde inicios de este les redujeron la capacidad de aforo, insisten en buscar descuentos a sus obligaciones con el ayuntamiento debido a una situación económica que siguen sobrellevando. 

Por su parte, el presidente de la Canaco Pachuca, Eduardo Iturbe Méndez, insistió en la urgencia de regular el comercio informal, pues es una exigencia desde el inicio de esta administración. 

Y aunque durante los primeros meses del año deben cumplir con el pago de sus licencias, dijo que esta obligación puede ser el mecanismo para presionar al municipio a regular la informalidad. 

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